La Fiscalía no es una sala de espera electoral
Por Armando Guerra.
La posibilidad de que Carlos Torres Piña regrese unas horas a la Fiscalía General del Estado únicamente para solicitar una nueva licencia es una muestra cruda del nivel de oportunismo, cálculo y especulación con el que se ha tratado una de las instituciones más importantes de Michoacán.
Una Fiscalía no es una oficina que se abre y se cierra según las necesidades de una candidatura. Tampoco es una posición que pueda conservarse como seguro de desempleo mientras se compite por otro cargo. Su titular fue designado para encabezar durante nueve años la investigación de delitos, la atención a las víctimas y la persecución de redes criminales.
Si Carlos Torres Piña estaba tan convencido de abandonar la procuración de justicia para competir por la gubernatura, debió actuar con un mínimo de congruencia: renunciar.
Debió separarse definitivamente del puesto, asumir los riesgos de su ambición y permitir que el Congreso nombrara a una persona dedicada por completo a conducir la Fiscalía. En cambio, eligió una licencia temporal que le permite recorrer el estado, promover su figura y disputar una candidatura sin perder la posibilidad de regresar al cargo.
El cálculo político llevado al extremo: volver por unas horas, ocupar formalmente la oficina y solicitar una segunda licencia para continuar ausente. Sería difícil imaginar una imagen más elocuente del desprecio por la institución. Entrar a la Fiscalía no para revisar investigaciones, reunirse con víctimas o evaluar los pendientes, sino para firmar el documento que le permita abandonarla nuevamente.
Michoacán enfrenta homicidios, desapariciones, extorsiones, desplazamientos y expedientes sin resolver. Las familias de las víctimas no pueden darse licencias de 45 días. No pueden regresar unas horas a su vida anterior para después ausentarse nuevamente del dolor. Tampoco pueden guardar sus demandas en un cajón mientras termina el proceso interno de Morena.
Torres Piña sí puede hacerlo porque convirtió una responsabilidad constitucional en un trampolín electoral para sus aspiraciones personales.
El fondo del problema no es cuánto tiempo puede ausentarse legalmente. Es qué clase de funcionario acepta una encomienda de nueve años y, antes de cumplir el primero, la coloca en pausa para satisfacer una aspiración electoral.
La Fiscalía no puede quedar sometida al calendario de un partido ni a los cálculos de un aspirante. Quien pretende gobernar Michoacán debería comenzar por demostrar un comportamiento ético en los cargos que ocupa cumplir su palabra.
