Hay decisiones de política pública que se anuncian con el lenguaje de la justicia y se ejecutan con la lógica del atajo. La eliminación del examen de ingreso al bachillerato en México pertenece, hasta ahora, a esa categoría: a un vendaje que tapa la superficie de una herida real en el cuerpo del sistema educativo sin tocar la infección. Este debate merece rigor, honestidad y la disposición a mirar a los ojos a los jóvenes cuyos futuros están en juego.
El examen de ingreso al bachillerato ha funcionado durante décadas como un panóptico del aprendizaje: refleja con nitidez la desigualdad acumulada en la educación básica: las brechas entre escuelas urbanas y rurales, entre la educación general y la técnica, entre los municipios con mayor inversión pública y aquellos donde el Estado llega tarde, mal equipado y con docentes que cargan solos el peso de una tarea que requeriría de todo un sistema. Suprimir el examen sin reparar esas brechas equivale a romper un espejo para dejar de ver la imagen que nos incomoda. La desigualdad permanece; solo dejamos de mirarla en ese punto de la trayectoria educativa.
Reconocemos, con la misma franqueza, que la defensa ciega del examen tampoco resiste el escrutinio ético. Miles de jóvenes michoacanos han vivido la experiencia de quedar fuera de una preparatoria pública como un fracaso personal cuando, en realidad, esa exclusión refleja la insuficiencia de la oferta educativa y la profunda disparidad de los sistemas de enseñanza en la secundaria. Un estudiante de una telesecundaria unidocente en la Sierra Purépecha y un estudiante de una secundaria técnica en Morelia arriban al mismo examen desde puntos de partida radicalmente distintos; exigirles el mismo puntaje para acceder al mismo bachillerato es una forma de igualdad formal que reproduce la desigualdad sustancial. Esa injusticia es real, documentable y urgente de atender. Pero atenderla requiere transformar el sistema. Transformar el sistema es más difícil que anunciar la supresión de un examen.
La propuesta que Mexicanos Primero Michoacán sostiene con convicción es la de un tercer camino, situado más allá de la falsa disyuntiva entre el examen excluyente y el ingreso sin condición alguna.
Ese tercer camino comienza por reconocer que la evaluación no es el problema: el problema es el uso que se hace de ella. Un examen que selecciona y excluye es un instrumento de discriminación cuando opera sobre una cancha desnivelada. Un examen que diagnostica, orienta y acompaña es un instrumento de justicia, porque pone en manos de los estudiantes, de sus familias y de sus docentes la información que necesitan para actuar estratégicamente.
La debilidad más grave de la decisión es su carácter reactivo. Michoacán avanza hacia el ingreso irrestricto al bachillerato sin contar con estudios de impacto que respondan preguntas fundamentales: cuántos estudiantes adicionales ingresarán, en qué municipios se concentrará esa demanda, cuáles son las brechas de aprendizaje que arrastran los egresados de secundaria, con qué recursos docentes y de infraestructura cuenta cada subsistema para absorber ese incremento. La ausencia de respuestas documentadas convierte esta política en un acto de voluntarismo que, por bien intencionado que sea, traslada el problema desde la puerta de la preparatoria hacia el interior de las aulas, donde los docentes y los estudiantes cargarán con las consecuencias de una heterogeneidad académica para la que el sistema educativo michoacano carece, hoy por hoy, de estrategias diferenciadas y de la formación docente que esas estrategias requieren.
Otra amenaza es la inclusión nominal: la condición en que los estudiantes entran al sistema, aparecen en las estadísticas de cobertura, inflan los indicadores de absorción y, sin embargo, aprenden menos, son víctimas del abandono escolar y egresan con competencias insuficientes para el mundo laboral y para la educación superior. El derecho a estar inscrito es importante; pero jamás puede confundirse con el derecho a aprender. La distinción entre ambos es el corazón del debate que la autoridad educativa michoacana está eludiendo.
Existe además la pérdida de información diagnóstica sobre el sistema educativo. El examen de ingreso, con todos sus defectos, producía datos sobre los niveles de aprendizaje de los egresados de secundaria que permitían a los subsistemas de bachillerato planificar sus acciones remediales y a los investigadores identificar dónde y por qué la educación básica había fallado. Al eliminar ese instrumento sin sustituirlo por otro mecanismo de diagnóstico académico al ingreso, el sistema pierde un observatorio difícil de reemplazar. Michoacán quedaría con menos información sobre sus propios estudiantes en el momento en que más la necesita para tomar decisiones inteligentes.
Ante este panorama, el primer paso es sustituir el examen de selección por un examen diagnóstico de ingreso: un instrumento que mantenga la función informacional del examen actual, pero renuncie definitivamente a su función de exclusión. Cada estudiante recibiría un perfil académico personalizado al inicio del primer semestre, orientado a identificar sus fortalezas y sus áreas de mejora con suficiente detalle para guiar la intervención pedagógica. El ingreso sería universal; la atención, diferenciada y pertinente. El segundo paso es la creación de un semestre propedéutico obligatorio para los estudiantes con rezago académico significativo identificado en esa evaluación de ingreso, con grupos de máximo veinte alumnos, docentes certificados en pedagogía diferenciada y seguimiento psicosocial continuado. Este modelo existe y funciona en Colombia, en Brasil y en España; Michoacán tiene la escala y la necesidad para adoptarlo con resultados verificables en retención y logro académico.
El tercer paso es una reforma profunda a la formación docente en el nivel medio superior. Los maestros de bachillerato en Michoacán han sido formados para trabajar con grupos relativamente homogéneos en términos académicos; la pedagogía diferenciada, la atención a la diversidad de aprendizajes y las estrategias de recuperación académica son competencias que exigen años de formación y acompañamiento continuo y que hoy están sistemáticamente ausentes de los planes de actualización docente de los subsistemas públicos. Avanzar hacia el ingreso irrestricto sin esta reforma es pedirles a los maestros que construyan una catedral con las herramientas de una carpintería doméstica. La voluntad individual de los docentes michoacanos es enorme; la deuda institucional del Estado con su formación, también lo es.
A la Presidenta Claudia Sheinbaum le pedimos que ordene lineamientos nacionales que acompañen la transición hacia el ingreso universal al bachillerato con mecanismos de diagnóstico, nivelación y acompañamiento académico debidamente financiados, y que garantice una evaluación independiente del impacto de esta política en los estados donde ya se aplica, con indicadores específicos de permanencia y aprendizaje cuyos resultados sean públicos.
En Michoacán se debe instruir la elaboración de un plan de implementación con metas, plazos, recursos y responsables claramente definidos, que incluya el diagnóstico de la capacidad instalada de cada subsistema y que destine recursos presupuestales adicionales para la construcción de aulas, la contratación de docentes de apoyo y la operación de programas de nivelación, con prioridad en los municipios con mayor rezago educativo.
Así también, se debe instalar, con carácter de urgente, una mesa técnica interinstitucional que diseñe de manera colegiada el modelo de evaluación diagnóstica y acompañamiento académico que deberá acompañar el ingreso irrestricto, y que comprometa a la Secretaría a publicar informes trimestrales de seguimiento con indicadores verificables.
La autoridad estatal debe diseñar y validar el instrumento diagnóstico de ingreso y la coordinación de un programa de formación continua para docentes en pedagogía diferenciada, con certificación y con incentivos reales para la participación del magisterio.
Los directivos de preparatorias públicas y privadas deben anticiparse con liderazgo: conformar equipos de tutoría, establecer mecanismos de detección temprana del riesgo de abandono escolar y mantener con las familias una comunicación transparente sobre los retos de esta transición.
El bachillerato sin examen de entrada sigue siendo un bachillerato con exigencias reales. Exigir calidad es, también, un acto de dignidad.
Las propuestas de política pública que Mexicanos Primero Michoacán pone sobre la mesa son seis y tienen nombre, alcance y criterios de financiamiento precisos.
- Un Sistema Michoacano de Evaluación Diagnóstica al Ingreso al Bachillerato, aplicado de manera universal en el primer mes del primer semestre de todas las preparatorias del estado, con resultados accesibles al estudiante, a su familia y a su docente, pero jamás utilizados como criterio de exclusión.
- El Programa Estatal de Semestres Propedéuticos, con financiamiento garantizado en el Presupuesto de Egresos del Estado, operando con prioridad en municipios de alta y muy alta marginación.
- Una reforma curricular que incorpore en el primer semestre de todos los subsistemas una asignatura transversal de habilidades para el aprendizaje autónomo, diseñada con enfoque intercultural y adaptada a los contextos regionales michoacanos.
- Plazas específicas de Docentes de Acompañamiento Académico en cada plantel público, cuya función exclusiva sea el seguimiento individualizado y la coordinación de redes de tutoría entre pares, asignadas con ponderación territorial.
- Un Sistema de Seguimiento de Trayectorias Educativas con datos desagregados por subsistema, municipio, género, condición socioeconómica y pertenencia a población indígena, con acceso público y rendición de cuentas semestral ante el Congreso del Estado.
- Y una reforma a la Ley de Educación del Estado de Michoacán que eleve a rango normativo la obligación de garantizar, junto con el ingreso universal, los mecanismos que hagan efectivo el derecho a aprender de cada estudiante.
Es tiempo de que haya un bachillerato de puertas abiertas, pero que garantice el derecho de cada joven michoacano a cruzar esa puerta sin que la geografía, la pobreza o el origen familiar lo detengan. Abrir la puerta es únicamente el primer paso de una responsabilidad que el Estado contrae con cada estudiante que ingresa: la de garantizar que exista un sistema educativo capaz, comprometido y suficientemente financiado para convertir el ingreso en aprendizaje real y el aprendizaje en vida digna.
El derecho a ser evaluados conlleva dichas responsabilidades estatales. ¡No permitamos que borrar un examen de ingreso diluya las garantías constitucionales!
La diferencia entre una reforma histórica y una decisión populista que se cobra sus consecuencias sobre los más vulnerables la determinan la voluntad política, la capacidad técnica y el financiamiento que la acompañen. ¡Merecemos un gobierno educador!
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
