En el marco de una intensa deliberación pública, sobre lo que diversos analistas señalaron como posibles irregularidades en el proceso de selección, la Cámara de las Diputaciones designó tres nuevas consejerías para completar la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que, en coordinación con los institutos electorales de las 32 entidades federativas, afrontará el reto de renovar la Cámara de las Diputaciones, 17 gubernaturas, 31 congresos locales y los ayuntamientos de 30 Estados, más las respectivas elecciones judiciales, en caso de que no se apruebe cambiarlas al 2028.
Se trata de una tarea que implica enormes retos de logística electoral, pero también de carácter político en cuanto al arbitraje que las autoridades administrativas tienen a su cargo para verificar que las contiendas se realicen con apego a los principios constitucionales de legalidad, certeza, imparcialidad y máxima publicidad, que no exista injerencia indebida de servidores públicos y que los procesos electorales se realicen en apego al principio de equidad en la contienda, a efecto de que la ciudadanía acuda a las urnas a ejercer su libre determinación para elegir representantes populares y gobernantes.
Las nuevas consejerías asumen el encargo con el reto de sumarse a una maquinaria que ya prepara los procesos electorales del año siguiente en un escenario donde todas las fuerzas políticas han decidido adelantar sus procesos de selección interna, como lo hizo Morena y sus partidos aliados en 2024 y, lo mismo, el Frente Amplio por México integrado entonces por PRI, PAN y PRD. Todas las fuerzas políticas han declarado el inicio de los “procesos internos inéditos”, como los conceptualizó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el problema consiste, entonces, en garantizar que no se generen condiciones de competencia inequitativa que, más adelante, cuando inicien formalmente los procesos electorales, actualicen ventajas indebidas que favorezcan a algunos competidores y disminuyan las posibilidades de otros.
INE, OPL y tribunales electorales están de cara a las elecciones del 2027 con problemas de confianza disminuida frente a la ciudadanía y actores políticos, por lo cual otro de sus retos fundamentales está en demostrar que la sociedad puede contar con árbitros imparciales y neutros, capaces de resolver las complejidades técnicas de las elecciones actuales, no hay margen al aprendizaje ni a la improvisación, lo que se requiere es demostración plena de experiencia, conocimientos, proclividad a incorporar avances tecnológicos y capacidades para organizar las que serán, de nuevo, las elecciones más grandes de nuestra historia reciente. La integridad y autenticidad electoral que hemos logrado construir en las décadas anteriores es premisa básica para la competencia equitativa entre todas las fuerzas políticas, pero también, para el libre e informado ejercicio de los derechos políticos y libertades de las y los ciudadanos.
También está en curso la implementación de la parte del plan B de reforma electoral que ya fue aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 23 de abril, conforme con el cual, las legislaturas locales tienen hasta el 30 de mayo para ajustar la normativa electoral local y revisar la disminución de los llamados privilegios, pues no debe perderse de vista que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó en su conferencia mañanera una lámina que indica los costos de las legislaturas locales, siendo el de Michoacán el tercero más caro si se considera el monto que anualmente ejerce cada una de las diputaciones. De la misma forma, deberán revisarse los montos agregados de los salarios de los funcionarios electorales que no podrán ser superiores al del titular del poder ejecutivo ni contratar con recursos públicos las prestaciones referidas en el artículo 134, como “seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”.
Frente a la organización de los procesos electorales, federal y locales que iniciarán a partir de la primera semana de septiembre de este año, las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, deben asumir sin titubeos el compromiso de recuperar la confianza ciudadana, pero también de organizar con elevados estándares de calidad las elecciones en puerta.
Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
