Dra. Isabel Maldonado Sánchez (Certificada por el Centro de Justicia de las Américas (CEJA) y la Agencia de Desarrollo Internacional de Canadá (CIDA) sobre instrumentos para la implementación de un Sistema Acusatorio Oral).
Una de las demandas sociales más importantes y que se ha hecho más latente en estos días a través de distintas protestas y marchas pacíficas en todo el país, es el tema de seguridad, y esto ha desatado en el hartazgo social donde se suman no sólo jóvenes, sino campesinos, agricultores, transportistas, profesional de la salud por el desabasto de medicinas, madres buscadoras de hijos o familiares desaparecidos, entre otros sectores; pueden pasar gobiernos de distintos colores, reorganizándose y saltando de un partido político a otro, pero el resultado sin la prevención del delito y sin la consolidación de un verdadero sistema penal es y será el mismo, y el tema es la falta de programas sociales, culturales, económicos, deportivos, de salud, etc., que tengan como objetivo llegar a los distintos sectores sociales con fines específicos, generalmente, éste tipo de programas se utilizan con fines políticos y electorales, pero no con fines de una rehabilitación de las personas ni con la intención de cambiar estructuras sociales que impacten en una forma de vivir distinta que conlleve a la armonía y paz social. La política de seguridad pública la mayoría de las ocasiones va orientada a la reacción, esto es, a la detención de sujetos que han cometido un hecho delictivo (delito), posterior a ellos a la puesta a disposición del Ministerio Público para la realización de la “investigación del delito”, queriendo resolver con justicia penal lo que la justicia social no realiza, y ahí es donde encontramos uno de los errores más grandes, está demostrado que ni agravando las penas, ni deteniendo varias veces a la misma persona por distintos hechos cambia al delincuente, mientras no haya también un verdadero sistema penitenciario que cumpla con sus objetivos constitucionales. Con la reforma constitucional de 2008 en materia de seguridad pública y justicia penal, con la cual se implementó un sistema penal acusatorio, el cual es adoptado por los países democráticos de derecho, como antecedente se tiene que la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas hizo un estudio en México donde otorgó un 1 de calificación a las instituciones de policía, fiscalía, jueces y sistema penitenciario, ese porcentaje equivale únicamente a la existencia de la institución, y no se alcanzó mayor porcentaje porque se consideró ineficaz el sistema completo que conlleva 4 subsistemas para que funcione: modificación en el sistema policial que implicaba capacitarlos y certificarlos, así como homologar sus grados académicos, lo cual hasta la fecha ha quedado inconcluso, el segundo de los subsistemas es el sistema de procuración de justicia que requería y requiere la capacitación y certificación también en materia de investigacin, ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ia de investigacias es el sistema de procuracitificarlos de naciones unidas hizo un estudio en Mecñificos ón, y garantizar un servicio civil de carrera que evite el desplazamiento o despido injustificado de personal por la llegada de titulares políticos, invirtiendo en la investigación técnica y científica del delito, así como el uso de los mecanismos de despresurización de los casos, para que los delitos de alto impacto e impacto social puedan ser investigados y esclarecidos adecuadamente. El tercer subsistema lo es, el de administración de justicia, que implicaba fortalecer un poder judicial autónomo, con jueces debidamente seleccionados por concursos y exámenes profesionales que demostraran sus capacidades y no sólo sus nombramientos por herencia, sin embargo, ahora fueron seleccionados por supuesto “voto popular” precedido por acordeones. Con la implementación del sistema penal acusatorio, en el que se vigila el actuar de los jueces como de todos los operadores del sistema a través de un sistema de audiencias orales, públicas y video grabadas se puede supervisar dicho actuar y gracias al principio de publicidad cualquier persona puede entrar a la sala de audiencias a fiscalizar socialmente dicha actuación, salvo los casos excepcionales que establece la ley. Finalmente el cuarto subsistema es el penitenciario que con la reforma de 2008 se establecieron 3 años para una reforma estructural al interior y en su normativa para lograr la rehabilitación del sujeto y la reinserción social, todo lo anterior quedó en etapa de implementación, pero no tuvo seguimiento ni consolidación ya que desaparecieron en todo el país los órganos encargados de dicha labor, que en muchas entidades eran ocupadas las titularidades por personas con trayectorias políticas sin verdaderos conocimientos jurídicos o de operación real del sistema. Cada estado de la república implementó el sistema acusatorio como entendió, perdiendo los ciudadanos la oportunidad de ver consolidado un sistema acusatorio transparente, honesto, eficaz, profesional, y todo esto, gracias a la falta de separación de la política en temas de seguridad.
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