Yurisha Andrade Morales*
En un hecho que no tiene precedente en las últimas tres décadas, continúa el debate sobre la reforma electoral, el llamado plan “B” del Presidente de la República. Testificamos un ambiente enrarecido por las posiciones de diversos actores y funcionarios electorales, algunas con argumentos extremos e irreductibles, unos a favor y otros en contra, cada cual, ofreciendo sus razones, pero sin llegar a los acuerdos que reformas de esta naturaleza necesitan. A pesar de que la aprobación en el senado parece inminente, no sabemos cuál será el desenlace, en un año especialmente politizado por las elecciones del Estado de México y Coahuila, por las movilizaciones anunciadas por diversas organizaciones ciudadanas para el 26 de febrero y por el presidente para conmemorar la nacionalización de la industria petrolera; y otros factores de orden social y económico que trascienden las fronteras de nuestro país.
De cualquier manera, resulta pertinente avanzar en el análisis sobre los contenidos de diversos artículos de las leyes modificadas. Así, en lo referente al régimen de los partidos políticos, particularmente por lo que hace a las Leyes Generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos, destaca que la reforma plantea ajustes que favorecen a las organizaciones políticas. Un ejemplo está, en la eliminación de los efectos jurídicos establecidos en las normas, todavía vigentes, a la conducta de no entregar el informe de ingresos y gastos de precampaña, pues ahora ya no se perderá la posibilidad de registrar la candidatura, como ocurrió en los casos Raúl Morón Orozco, Félix Salgado Macedonio y varias decenas más de precandidatos que en los procesos electorales de 2021 incurrieron en estos incumplimientos.
Otro aspecto relevante, consiste en que los partidos políticos, para conservar el registro, deben acreditar que tienen afiliados en un número equivalente al 0.26 por ciento del padrón electoral. Justo por ello, el Instituto Nacional Electoral, como autoridad facultada, cada tres años, antes del inicio de los procesos electorales, realiza la verificación correspondiente solicitando que los partidos entreguen sus padrones de militantes debidamente actualizados, la reforma ahora modifica este aspecto y determina que no están obligados a mantener ese mínimo de militantes, siempre y cuando participen en el proceso electoral, lo cual podría llevarnos al extremo de que ciertos partidos conserven solo estructuras pequeñas y descuiden la actualización de su padrón de militantes.
Tampoco se podrá negar el registro de candidaturas por incumplimiento de requisitos que no estén expresamente señalados en la Constitución, como son las sanciones impulsadas como acciones afirmativas por las autoridades electorales. Es el caso de las declaraciones 3 de 3, lo cual se acreditaba con una carta firmada, como un acto de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se establecía: “I. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; II. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; III. No haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios”.
También destaca que ahora los partidos podrán aplicar sus remanentes de financiamiento público, en cualquiera de sus modalidades, para el pago de sanciones y, por consecuencia, ya no estarán obligados a regresarlos al erario público, como ocurre a la conclusión de cada ejercicio fiscal.
Otras veces, he señalado que los partidos son importantes en nuestra democracia dado su carácter de entidades de interés público, que cumplen el papel de hacer posible el acceso de los ciudadanos al poder público, por lo que estos y otros cambios contenidos en el plan “B”, deberán analizarse a la luz de los efectos concretos en el sistema de partidos, pero también en el funcionamiento de nuestro sistema electoral. Todos debemos estar sujetos a reglas claras y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas cuando se trata del uso de recursos públicos y jamás obtener ventajas indebidas en su aplicación.
*Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
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