Yurisha Andrade Morales*
En diciembre pasado, el Congreso aprobó modificaciones a las Leyes Generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Públicas, modificando aspectos sensibles de las reglas electorales. Queda pendiente que la próxima semana, al iniciarse el nuevo periodo ordinario de sesiones, el senado apruebe lo conducente a las cuatro leyes faltantes y se complemente el plan “B” electoral del presidente de la república que generó una discusión nacional intensa y la presentación, el miércoles anterior, de un informe detallado del Instituto Nacional Electoral sobre los efectos que las nuevas reglas tendrán.
Sabemos que el poder legislativo integra la pluralidad política e ideológica de nuestro país y que la salud de nuestra democracia depende de la capacidad para dialogar y acercar las posturas divergentes de los grupos parlamentarios en la construcción de consensos para la emisión y modificación de las reglas del juego, pero también es indispensable considerar el punto de vista y los diagnósticos técnicos de las autoridades que aplican las normas y de la ciudadanía cuyos derechos están en la ecuación. Si este presupuesto se actualiza los ajustes a las reglas del juego democrático gozarán de aceptación y serán legítimas para operar la renovación de los poderes públicos.
El INE colocó en el centro de la deliberación pública el argumento de que ni el gobierno ni la fracción parlamentaria mayoritaria consideraron su punto de vista sobre los contenidos de la reforma cuyos impactos son analizados en el informe referido. Entre los principales efectos del plan “B”, los y las consejeras electorales destacaron que se afecta la equidad en la competencia electoral al replantearse el concepto de propaganda electoral con la premisa de que se defiende la libertad de expresión, pero desatendiendo el artículo 134 constitucional, que establece la obligación de todo servidor público, de aplicar imparcialmente los recursos públicos y de observar el principio de neutralidad, además de que se afecta la equidad en las elecciones al modificarse las condiciones y naturaleza jurídica de la Unidad Técnica de Fiscalización que pierde su autonomía técnica y ahora será una dirección ejecutiva, pero sin poder realizar investigaciones sobre posibles procedencias ilícitas del dinero en las elecciones. También se eliminan sanciones que hoy se aplican a personas que buscan candidaturas pero que, por ejemplo, no entregan informes de precampaña, como ocurrió en los casos Salgado Macedonio y Raúl Morón en 2021.
Las modificaciones al paquete de leyes secundarias igual disminuye componentes esenciales de la estructura orgánica del INE al cancelar la Junta General Ejecutiva, disminuir a las 32 juntas ejecutivas locales de cinco a tres vocalías y suprimir las 300 juntas ejecutivas distritales que serán sustituidas por oficinas auxiliares no permanentes, con lo cual se elimina el 85 por ciento del Servicio Profesional Electoral que, como hemos comentado en otras ocasiones, constituye la principal garantía de la eficacia operativa y técnica de la institución.
El INE señala en el resumen ejecutivo del informe que hay actividades que “pueden correr el riesgo de verse lesionadas, como la autonomía del Instituto Nacional Electoral, la estructura territorial de los órganos ejecutivos del INE en los 300 distritos electorales y en las 32 entidades federativas, los procedimientos de capacitación y organización electoral que están en la base del ejercicio del sufragio y el conteo escrupuloso de votos, los avances contra la violencia política de las mujeres en razón de género, las acciones afirmativas para potenciar la representación política de núcleos de la población tradicionalmente desfavorecidos, la fiscalización de los ingresos y gastos de los actores políticos, el cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos, la protección de los datos personales de la ciudadanía, los derechos laborales de quienes integran el servicio profesional electoral nacional y la rama administrativa de los Organismos Públicos Locales, así como el respeto al pacto federal y la libre configuración legislativa de las entidades federativas se ven afectados en diversa graduación por las reformas electorales objeto de análisis de este informe” (pág. 2).
Se trata de un documento que detalla los diversos efectos con la posible implementación del plan “B” en materia electoral, lo cual, en mi opinión, exige la revisión escrupulosa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de las acciones de inconstitucionalidad y recursos que, respectivamente, conozcan ante el anuncio del INE y de los grupos parlamentarios de la oposición que los interpondrán. Lo deseable para el país es encontrar los justos medios que no lastimen los logros alcanzados en nuestro sistema electoral y permitan que las elecciones sigan siendo el mecanismo legítimo para la renovación del poder público, en plena salvaguarda de los derechos políticos de la ciudadanía.
*Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
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