- La Justicia boliviana condena a la expresidenta Jeanine Añez a 10 años de prisión
- Para el oficialismo, la sentencia sienta un precedente “para que nunca más se intente un golpe de Estado”, mientras que la oposición ha criticado la politización de la justicia
El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz condenó este viernes a la expresidenta de Bolivia Jeanine Añez a 10 años de prisión por los delitos de “resoluciones contrarias a la Constitución” e “incumplimiento de deberes”, en uno de los varios procesos que la justicia boliviana sigue a la política de 54 años, que se encuentra en prisión desde hace más de un año. El juicio se refirió a la actuación de Añez tras la renuncia de Evo Morales en 2019 y su posterior proclamación como presidenta, acciones que la acusación consideró como un “golpe de Estado”.
Para el oficialismo boliviano, la condena “sienta un precedente para que nunca más se intente un golpe de Estado en Bolivia”. Del otro lado, la oposición rechazó unánimemente el desenlace de un juicio que el partido del expresidente Carlos Mesa llamó “uno de los ejemplos más vergonzosos de manejo del Ministerio Público y el Órgano Judicial a favor de intereses oscuros del partido de Gobierno”.
Junto a Añez fueron sentenciados a diez años el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, y el anterior jefe de la Policía, Yuri Calderón, que se hallan prófugos. Otros exmandos militares recibieron penas entre dos y cuatro años.
La decisión de los jueces se conoció en una sesión virtual. El juicio sólo fue semipresencial y la determinación de cuándo debía haber reuniones físicas y cuándo no se constituyó en materia de disputa entre la defensa y los jueces. A la expresidenta no se le permitió asistir al juzgado, supuestamente por problemas de seguridad.
El 9 de junio participó “en línea” en la última audiencia de alegatos desde el penal en el que se halla recluida. Se reportó adormecida por los medicamentos que le habían dado para paliar el estrés que le causaba el procedimiento. Su hija, que la acompañaba, y sus abogados defensores insistieron en que no estaba en condiciones para seguir el juicio, pero el tribunal se asesoró con los médicos de la prisión y, aunque ordenó un receso, escuchó la presentación de alegatos hasta el final.
Posteriormente, la defensa denunció a la prensa “tratos crueles y denigrantes”. Los abogados del Gobierno creen que estas quejas apuntan a preparar la presentación, en el futuro, de un recurso ante un tribunal internacional.
Añez: “Fui una consecuencia de todo lo que sucedió en 2019″
Para escuchar las últimas palabras de los acusados, los jueces los visitaron en sus cárceles. Ante ellos, Añez señaló: “Me han acusado por delitos que no he cometido, inventados, solamente por darle gusto al poder político. Se me ha negado el derecho a la justicia. Así han tratado a una mujer, madre, expresidenta, inocente.
Porque Bolivia entera sabe que esos delitos por los que me están acusando, no los he cometido. Bolivia entera sabe que [solo] fui una consecuencia de todo lo que sucedió en 2019″. También afirmó que tuvo “el Gobierno, pero no el poder”. Y confirmó que seguirá la batalla judicial: “Nosotros no nos vamos a quedar aquí. Vamos a apelar por la vía internacional”.
La defensa objetó que se pidiera una pena tan alta por unos cargos de índole administrativa. Pero la principal observación del equipo jurídico de Añez, así como de los políticos de oposición que la respaldan, es que los hechos ilícitos por los que se la acusa se hayan dividido en varios grupos y, por tanto, en varios procesos distintos.
Fue por esto que, en este caso, la fiscalía pudo procesar a Añez ante un tribunal ordinario, con el argumento de los delitos que le imputó se cometieron antes de que fuera presidenta de Bolivia.
De este modo, la acusación eludió la obligación constitucional de procesar a los exmandatarios en un juicio de responsabilidades, un proceso especial que debe iniciarse en la Asamblea Legislativa con el voto favorable de dos tercios de los parlamentarios.
El Gobierno del presidente Luis Arce no cuenta con suficiente respaldo para ello y ha preferido ahorrarse la negociación con las fuerzas parlamentarias de oposición, que inicialmente no querían enjuiciar a Añez, pero luego cambiaron de opinión para intentar darle a la expresidenta un proceso en mejores condiciones que el que tuvo.
Como resultado, los principales delitos que, según la fiscalía, fueron responsabilidad de Añez, como los actos de represión de las protestas en contra de su Gobierno en los que murieron más de 30 personas y resultaron heridas 85, no han sido incluidos en este juicio. Y no serán juzgados mientras la correlación de fuerzas parlamentarias no cambie.
-Con información de El País
