La Cámara de Diputados aprobó este martes reformas a la Ley General de Bienes Nacionales con el objetivo de garantizar el libre acceso y tránsito por todas las playas del país.
El Pleno aprobó, en lo general y en lo particular, la minuta con 406 votos a favor, 7 en contra y 20 abstenciones. Se turnó al Senado de la República para su discusión.
El proyecto de decreto reforma los artículos 8 y 127 de la Ley General de Bienes Nacionales, y adiciona un artículo 154.
En el artículo 8 se establece que “el acceso a las playas marítimas y la Zona Federal Marítimo Terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado salvo en los casos que establezca el reglamento (administrativo)”.
Indica que en el caso de que no existan vías públicas o acceso desde la vía pública, los propietarios de terrenos colindantes con zonas federales deberán permitir el libre acceso a la misma, así como a las playas, a través de los accesos que convenga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con los propietarios.
Se sancionará con multa de entre tres mil y hasta 12 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente a los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre o los titulares de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino respecto del aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, que por cualquier medio o acto impidan, inhiban, restrinjan, obstaculicen, y condicionen el acceso.
Para el caso de los titulares de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino respecto del aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, en caso de residencia, además de la sanción señalada, se revocará la concesión, autorización o permiso, observando en lo conducente, precisa el dictamen.
La diputada Julieta Macías de Movimiento Ciudadano apuntó que, a pesar de los múltiples derechos en los que se sustenta el libre disfrute y acceso a las playas, y a pesar de que la legislación vigente establece disposiciones para proteger su ejercicio, “se ha vuelto una práctica común en los litorales que quienes ostentan títulos de propiedad o de aprovechamiento de predios y zona económica exclusiva contigua a las playas, decidan establecer restricciones y obstáculos para el acceso”.
