Tras el feminicidio de la niña San Juana, de 9 años, el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, planteó el impulso y análisis de una ley para sancionar a violadores con la castración química, castigo que ya aplican países como Rusia, Polonia e incluso algunos estados de Estados Unidos.
Frente al clima de inseguridad que viven las mujeres en la entidad, el mandatario, así como su esposa, la presidenta honoraria del sistema DIF, Cristina Rodríguez, plantean esta sanción para quienes resulten ser culpables de cometer crímenes sexuales contra menores.
No obstante, esta no es una propuesta nueva, ya que, por ejemplo, el 25 de septiembre de 2009 en Polonia el Parlamento aprobó la castración química como un castigo para personas acusadas de crímenes sexuales contra niños menores de 15 años.
Así, «cualquiera que sea culpable de violar a un menor de 15 años puede ser forzado a someterse a una terapia química y psicológica para reducir su deseo sexual al terminar una pena de prisión».
Esta medida entró en vigor en junio de 2010 y puso a Polonia como la primera nación de la Unión Europea en legislar sobre el tema.
